Pareciera ser que, en general, todo dirigente político que tenga deudas o haya mentido a la ciudadanía, de hecho figuraría registrado por una empresa mental virtual personal de algo así como riesgo crediticio cívico.
Las personas físicas o jurídicas que conservan deudas pendientes con la sociedad por gestiones gubernamentales anteriores han ido generando con todo desparpajo su propio riesgo en términos de credibilidad lo que explica y explicará enormes dificultades para merecer `nuevos créditos cívico-políticos´, para emprender con éxito, nuevas estrategias políticas electorales.
¿Su pasado les condena?
Cuantas provincias y municipios arrastran cual ‘agalma freudiana’ la inercia peor de pésimas gestiones ejecutivas las que no pueden ni podrán despegarse de Vg., impunes vaciamiento de bancos oficiales, mentiras consuetudinarias como: “Me retiro de la política”, “Me dedicaré a mi profesión”, “El que deposito dólares recibirá dólares”; enriquecimientos ilícitos y descarados de parientes y amigos vía testaferros, jubilaciones urgentes y ‘ pluralistas’ de privilegio y, así, sucesiva y consuetudinariamente en el . . . “hoy por ti, mañana por mi”.
Ante este estado de cosas nos corresponde recalcar que nuestros partidos políticos o son instituciones fundamentales del sistema democrático asumiendo sus enormes responsabilidades o, no son.
Porque, tanto personalismo apostata partidario mimetizado caciquistamente con territorios, acaba por recibir –cada cual a su turno- el apotegma peor: “No ser“.
Regenerar la política requiere de nuevos protagonismos y del abandono de cualquier tentación como las de partido único, reforma constitucional, pensamiento homogéneo, colonización del federalismo, cooptación, alineamiento y representación ajena, monopolización de la influencia mediática y más; todo ello sin perjuicio de reestablecer los imprescindibles “juicios de residencia”.
La deuda de la democracia con el desarrollo humano y el bien común es un dato tan real como inquietante que cuestiona a la misma respecto de sus valores, premisas y promesas haciéndole claudicar en términos de autocracia, impotencia del mas alto tribunal de la nación, la bancarrota del Anses, la inseguridad general y jurídica en particular, corrupción, inflación, pobreza e indigencia, republicanamente inaceptables.
Nuestra Constitución Nacional consolidó determinados contenidos pétreos como Vg., a) la Democracia como forma de estado, basada en el respeto y reconocimiento de la dignidad del hombre, de su libertad y de sus derechos; b) el federalismo como forma de Estado, que descentraliza al poder con base territorial; c) la forma republicana de gobierno, como opuesta a la autocrática.
Ahora bien, ante tantas rémoras democráticas Vg., con la satisfacción de nuestros pueblos originarios, con el inarmónico crecimiento de la Nación, la ausencia de políticas diferenciadoras que debieran equilibrar y/o reequilibrar el desigual y asimétrico desarrollo actual de provincias, municipios y regiones, con la inauditamente postergada organización de base para una educación de la persona y de una persona comunitaria y así entonces consolidar la unidad nacional (a lo que nos acaba de convocar la señora presidenta de los argentinos); ciertamente con todo eso ya venimos en problemas.
Finalmente y por tanto, para evitar y prevenirnos de nuevos deudores y usureros con nuestra democracia, parece del todo loable y del mayor servicio a la ciudadanía en cuanto cuerpo, civismo y nación, implementar y desplegar un registro administrativo oficial de público acceso con antecedentes y ‘prontuarios’ políticos lo que traducirá una esperada decisión patriótica ejemplar y ejemplarizadora cuyo objetivo no debe ser otro que el de “terminar con el incumplimiento y la especulación política personal y corporativas” en una especie de Verax cívico cuyo servicio de transparencia será un ladrillo central para memorizar, construir y reconstruir ciudadanía satisfecha con dignidad, equidad, ecuanimidad, solidaridad, cohesión y paz social.
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