La democracia se caracteriza por un equilibrio de poderes que garantiza no solo la libre expresión sino la seguridad jurídica para la más amplia pluralidad de opiniones.
Todo intento explicito o implícito y cualquier ex abrupto que de algún modo cohíba la libertad de prensa, de expresión de ideas o reproducciones de opiniones judiciales institucionales, concluye en tornar abstractos e inviables dichas garantías, libertades y pluralidades las que son al fin y al cabo, condición propia tanto para la vigencia de las comunicaciones democráticas como para la mismísima democracia.
¿De que se trata?
De que se opina, discursea y se legisla respecto a democratizar y liberar las comunicaciones (Ley. 26.522) o, como viene aconteciendo en estos últimos anos, de que mediante una serie de provocaciones y confrontaciones audiovisuales constantes, en realidad se persigue -más o menos solapadamente-, cercenar o abolir dicha libertad y democracia comunicativa?
El cabal ejercicio de la libertad de prensa debe ser capaz de denunciar informada y responsablemente, todos los errores, picardías, desbandes, descalabros y corrupciones en el tratamiento de ‘toda’ la cosa pública.
Si bien podría suceder que algunas tapas y contenidos mediáticos se diseñan, producen y circulan en una tensión permanente entre intereses manifiestamente antagónicos de posiciones por lograr el propósito (jamás confesado) de controlar finalmente titulaciones e información pública con la excusa de usar y usufructuar (¿abusar?) de una supuesta “democratización de los medios de comunicación”; jamás ninguna libertad de expresión ni de prensa deben atacar instituciones, derechos personales ni democracia, impunemente.
Distorsionar el alcance y el sentido de lo que esto ultimo significa, no es más ni menos que perturbar la libertad de prensa y su inherente pluralismo.
Así entonces e invocando “democracia” cuantimenos resulta paradojal restringir la propia condición de su existencia que no es otra que la plena libertad de expresión, sin cortapisas de ninguna naturaleza ni categoría.
Por eso no es ni será menor el cuidado y la atención que merecen todas y cada una de las características democráticas.
Son presupuestos de toda sociedad democrática no solo la libre publicación y circulación de los medios audiovisuales sino la intangible libertad ciudadana personal para elegir lo que quiere leer, lo que quiere escuchar y lo que quiere ver sin censura previa ni -mucho menos-, que el Estado pretenda imponerles un modo, patrón, standard o modelo de comportamientos.
Al menos la condición de “ciudadanía” es que la persona no es ni sea siervo ni en el supuesto de que ‘algún servidor’ pueda tener una apariencia similar voluntaria.
Obviamente por estos días asistimos impávidos a una absurda contraposición de derechos entre el pleno ejercicio a la pluralidad por parte de cada ciudadano que la escoge libremente, y una forma de poder estatal que procuraría imponer a cada uno lo que unilateral, arbitraria y discrecionalmente en principio, considera como bien común, como interés general.
En este último caso, el bien supuestamente “común” para el Estado, podría culminar colisionando, usurpando hasta truncar progresivamente un bien común personal compartido y por ende, social.
La opinión pública en general es naturalmente reacia contra cualquier restricción a la libertad de prensa particularmente cuando su procedencia es del más alto nivel gubernamental si lo que se propone es imponer conductas del tipo y la clase de lo que cada uno y de lo que cada cual debería considerar “es su propio bien”.
Este es el riesgo que consiste más precisamente en derribar las fronteras entre democracia y libertad de prensa. Nada más parecido a un Estado que creería saber y recomendar lo que es mejor para el ciudadano, lo que es mejor para la prensa presuponiendo especialmente que los ciudadanos habrían perdido o extraviado su capacidad personal para discernir racionalmente lo mejor para sí.
Paradójicamente si alguien -y alguien calificado- entiende que la prensa atacó las instituciones, la democracia y condicionó todos los gobiernos democráticos ¿porqué aún no se dio participación a la justicia o, mejor aún, porqué nuestra justicia en nuestro estado de derecho todavía no actuó de oficio ante estas gravísimas denuncias y estando vigente la ley de defensa de la Democracia?
Finalmente, todo acecho o amenaza a toda información adecuada, veraz y democrática, no debe ser mediatizada sino judicializada ya que aquí, si no se trata de eso pues, acaso, ¿de que se trata?
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