¡Así, NO!
¿Doble o triple imposición?
(Contribuyentes y usuarios como variables de ajuste)
P. Roberto F. Bertossi
“Si no aprendes de la historia
¿deberá acaso repetirse para que la comprendas?”
(Lao Hung)
No pocos poderes ejecutivos provinciales y municipales en todo el país, han decidido imponer ilegal e inequitativamente diversas ´gabelas´ e incrementos tarifarios exorbitantes, exponiendo argumentos eufemísticos: a) Que son para inversión y expansión del sistema; b) Que es por única vez; c) Que son para fondos específicos con afectación exclusiva y excluyente; d) etcétera.
En materia tarifaria, si se niegan aumentos efectivos en las tarifas (no falsas restructuraciones), nada se dice que al no ser genuinos y legítimos ajustes tarifarios autorizados por las agencias de regulación y control público, entonces son impuestos y así, éstos solo pueden resultar aprobados y en doble lectura por las legislaturas locales, provinciales o nacionales según las previsiones constitucionales respectivas.
Lo cierto es que desde hace demasiadas administraciones anteriores, la creatividad e innovación en las gestiones locales, provinciales y nacional pasa por imponer recargos injustificables (en ocasiones, confiscatorios) sobre servicios públicos esenciales de electricidad, subterráneos, transportes urbanos, gas; patentes, propiedades urbanas y rurales, peajes, combustibles y más.
Respecto de esto último, Vg., después de conocido el proyecto de la administración de Daniel Scioli de cobrar un extra en los combustibles para financiar el mantenimiento de las rutas bonaerenses, varios intendentes de la provincia de Buenos Aires sin pudor y con total desmedro de un principio básico y liminar que veta toda doble y hasta triple imposición, expresaron su intención de seguir el mismo camino.
Es verdad que ante un federalismo teórico y un unitarismo/ centralismo práctico, a tantos gobernadores e intendentes privados de sus legítimas coparticipaciones ya no se les ocurre nada mejor que aumentar más y más tarifas e impuestos algo que ya viene sucediendo, abusando de poder y de autoridad, en algunas provincias como Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y su Ciudad Autónoma, entre otras jurisdicciones.
En la última década el Estado Nacional (replicado por algunas provincias, comunas y municipios), viene exhibiendo una inédita voracidad fiscal, traducida en incrementos de hasta diez veces su tesoro o hacienda mediante un “conjunto sistemático de recaudación” directa e indirecta:, tributos, derechos de importación y exportación, regalías, e impuestos distorsivos, etc.; algo que no se ha visto reflejado ni mínimamente en las correspondientes coparticipaciones federales constitucionales y, mucho menos, en la calidad, eficiencia y confiabilidad de los servicios públicos nacionales, provinciales y municipales: (Vg. El servicio de subtes se ha cobrado recientemente 52 vidas humanas y … nada); cortes luz, de gas, de agua potable; paros del transporte, desbordes cloacales, inseguridad, etc., todo ello sin perjuicio de la no materialización de infraestructura primaria, secundaria y terciaria (tantas veces presupuestadas), siendo así cada día más flagrantes los desvíos de fondos ´afectados´ ahora a la cooptación, alineamiento y representación política clientelar de argentinos electores contribuyentes (o no), funcionarios, dirigentes de la oposición, sindicalistas, jueces e incluso, de aquellos críticos del gobierno pero que continúan percibiendo haberes, contratos, dietas, viáticos, pautas publicitarias, privilegios y beneficios; financiados precisamente por estos ex abruptos fiscales.
Peor aún, en no pocos escenarios, se trata del resultado de peleas personales y/o de precoces aspiraciones políticas electorales que, en realidad, solo comprometen y postergan gravemente a provincias y municipios como venimos observado.
Quedaríamos a mitad de camino si no añadimos que todo esto involucra también a empresas privadas como a las omisiones de las autoridades públicas encargadas de su regulación y control: ( por caso, la inejecutoriedad de los planes de inversión comprometidos al momento de obtener concesiones públicas, etc. pero nunca cumplimentados oportunamente y en su totalidad)
Finalmente, la “persona-ciudadano-vecino-contribuyente-usuario-” continúa siendo la única e indefensa variable de ajuste en su marasmo inflacionario; persona/s agobiadas y empobrecidas con el correlato inaceptable, reprochable y socialmente peligroso de demasiados y espurios enriquecimientos ilícitos públicos de políticos y/o funcionarios, escándalo que traduce el verdadero desprecio y burla hacia los que menos tienen, particularmente ahora, después de la caída del telón del festival oficial de subsidios absurdos.
Por todo esto, las recientes movilizaciones sonoras y paros pacíficos de la ciudadanía resultan una clara, oportuna y patriótica advertencia: ¡basta ya; así, NO!
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