El Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba comunicó a las autoridades legislativas la necesidad de convocar a la Comisión Multisectorial creada el año pasado para dar tratamiento al proyecto de Ley presentado en agosto de 2014, con el fin de garantizar una prestación mínima de los servicios considerados esenciales para resguardo de los derechos fundamentales de la población.
Decara presentó el proyecto a mediados de agosto del 2014 y ante la situación de tensión y malestar social generado por otra medida de fuerza intempestiva de la UTA, similar a la del día de ayer (lunes 6 de abril), y en un contexto de coacción en el que dicho gremio amenazaba todas las semanas con un nuevo paro.
A los fines de analizar el proyecto, las autoridades legislativas convocaron la Defensor del Pueblo provincial, al Ministerio de Trabajo, legisladores, representantes gremiales y de las empresas concesionarias para conformar una Comisión Multisectorial y trabajar en una reglamentación de esa norma que surja del consenso de todas las partes. En esa reunión se acordó también que, hasta que estuviera listo ese documento legislativo, las autoridades de la Unicameral no darían tratamiento en el recinto a la propuesta de Decara.
Ante la falta de actividad de dicha Comisión, que no volvió a reunirse ni los participantes mostraron avances ni propuestas en ese sentido, Decara reiteró numerosas veces el pedido de convocar a las partes.
Ayer, a las puertas de otro conflicto que se presentaba como insalvable por la dura postura mostrada por los delegados de la UTA, el Defensor del Pueblo reiteró el pedido a las autoridades de la Unicameral y de cada uno de los bloques que la integran, de convocar a la Comisión y dar tratamiento definitivo al tema de manera impostergable y a la mayor brevedad posible
El proyecto del Defensor del Pueblo Mario Decara, presentado en agosto del año pasado y a los pocos días de haber comenzado su segunda gestión frente a la institución, busca garantizar a los ciudadanos el goce de los derechos constitucionales a la vida, salud, libertad, educación, justicia, acceso a la energía eléctrica y al agua potable, cuando su prestación se vea afectada por el ejercicio de una medida de acción directa derivada de un conflicto laboral. Propone incluir también al transporte público de pasajeros como servicio esencial porque “constituye un medio necesario para el ejercicio y protección de otros derechos esenciales”.
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