Es para garantizar a los ciudadanos el goce de los derechos constitucionales a la vida, salud, libertad, educación, justicia, acceso a la energía eléctrica y al agua potable, cuando su prestación se vea afectada por el ejercicio de una medida de acción directa derivada de un conflicto laboral. Propone incluir también al transporte público de pasajeros como servicio esencial porque “constituye un medio necesario para el ejercicio y protección de otros derechos esenciales”
El proyecto tiene como objetivo garantizar la continuidad y regularidad mínimas para la vigencia de la prestación de los servicios esenciales. Para esto establece que las medidas de fuerza que afecten la prestación de un servicio público sean comunicadas con una anticipación de tres días; y que 24 horas antes se presente ante la autoridad que corresponda para su evaluación un plan sustentable de prestación de servicios mínimo que se mantendrá durante el conflicto.
Asimismo, dispone que la empresa u organismo prestador del servicio es responsable de garantizar la ejecución del plan de servicios mínimos y de comunicar a los usuarios al menos con un día de anticipación y por todos los medios a su alcance las modalidades de funcionamiento del servicio durante el conflicto.
El proyecto enviado por el Defensor del Pueblo establece que el incumplimiento de estas medidas sea considerado falta grave y de lugar a la aplicación sanciones que vayan hasta los 30 días de arresto para el caso de que en el marco del conflicto se ocasiones escándalos o molestias a terceros. También, medidas reparatorias cuando se perpetren daños al patrimonio público.
La norma es una propuesta de Mario Decara en función de los acontecimientos recientes que han tenido lugar en la ciudad de Córdoba por la medida de fuerza intempestiva adoptada por los trabajadores del transporte público de pasajeros que dejó sin servicio y de forma abrupta a casi seiscientos mil usuarios. El Defensor del Pueblo estima además que ante la perspectiva de que en la actual coyuntura nacional empiecen a multiplicarse los reclamos y medidas de fuerzas dispuestas por entidades gremiales, se genera el consecuente riesgo de que los ciudadanos de nuestra provincia se vean privados de los medios por los cuales hacer efectivo el ejercicio de sus derechos humanos fundamentales, es necesario contar a la mayor brevedad posible con una norma que garantice el acceso de cada cordobés a los mismos.
En el proyecto, Decara invita a la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba y a los Municipios y Comunas del Interior Provincial a adherir a esta ley
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