Desde 2003 a la fecha, la relación entre el gobierno nacional y la iglesia católica no ha sido ni es de las mejores conocidas.
Las provocaciones más o menos solapadas, más o menos politizadas para percudir la vida, la persona, la familia y hasta el primer y el más mínimo latido humano sacralizado y consagrado por el catolicismo, han cobrado un ímpetu y frenesí irracional e irrazonable espiritual, ética y moralmente inaceptables para cada persona argentina que profesa esta religión.
Comprueban las mismas toda clase de `desaires´ y plantones -no tanto personales sino institucionales- para con autoridades legítimamente constituidas representantes de la iglesia católica argentina pasando por las campañas-movilizaciones pro aborto; apostasías católicas bautismales; matrimonio igualitario; eutanasia; eliminación de aportes a prelaturas y obispados pobres (hay un proyecto de ley que presentó la senadora oficialista Adriana Bortolozzi, y que se reactivará recién después de las elecciones presidenciales), etcétera.s; todos sujetos y predicados de desafueros semejantes.
No obstante todo ello, la posición constitucional es expresamente clara en su Articulo 2, cuando proclama que: “El Gobierno federal sostiene el culto católico, apostólico y romano”.
Inspiraron, inspiran, justifican y explican este dispositivo fundamental, múltiples y diversas razones, cuyo conjunto legitima históricamente tal confesionalidad, convirtiéndola en un contenido pétreo[1] que no es susceptible de supresión o alteración mientras la estructura social conserve en este aspecto su fisonomía originaria.
En efecto, por un lado la vigente tradición hispano-indiana y los antecedentes católicos que obran en la génesis constitucional de nuestro estado (ensayos, proyectos, constituciones, estatutos, constituciones provinciales, ordenanzas municipales, etc.).
Por otra lado, el reconocimiento de la composición religiosa de la población, predominante y mayoritariamente católica, sobre todo, en la conjugación de los factores relacionados.
Esto último surge nítida, definida y umbilicalmente del pensamiento del convencional Seguí en la sesión del 21 de abril de 1853, al expresar que la religión católica era la de la mayoría o la casi totalidad de los habitantes, y comprendía asimismo la creencia del Congreso Constituyente sobre la verdad de ella “pues seria absurdo obligar al gobierno al sostenimiento de un culto que simbolizase una quimera”.
La supremacía de esta valoración constitucional, de esta alcurnia católica como escuchamos, vemos y sabemos, vienen siendo profanadas y contrariadas en los hechos mucho más allá de uno que otro Tedeum y no solo al ultrajar violentamente legitimas convicciones y creencias de todas las personas argentinas católicas sino al bastardear el alcance y el sentido de sus impuestos con los que al fin y al cabo el estado efectúa (cada vez más menesterosos y paupérrimos) algunos aportes financieros selectivos a parte de nuestra iglesia católica.
Por eso mismo yerra quien pensara que el estado sostiene la iglesia católica ya que son sus feligreses quiénes lo hicieron, lo hacen y lo harán doblemente: 1) Con sus impuestos; 2) Con sus donaciones y contribuciones voluntarias, personales de `darse´ poco o mucho, y pecuniarias al compartir en mayor o menor proporción sus bienes personales.
Por si duda cabe al respecto, Jesús mismo en persona “titular de la Iglesia Católica” fue tajante: “Dad al Cesar lo que es del Cesar y a Dios lo que es de Dios” claro, dos monedas substancialmente diferentes, la primera sin espíritu, alma, divinidad ni solidaridad.
Desde ahí propugnamos la máxima independencia y respeto entre la iglesia católica y el estado. La iglesia católica pudo, puede y podrá perdurar desde antes, durante y hasta después del estado, siendo fundamentalmente irrelevante aportes dinerarios estatales, pero resultó, resulta y resultará simultáneamente inequitativo y nada ecuánime continuar exigiendo y percibiendo de los ciudadanos católicos no sólo menos sino más pero más impuestos y contribuciones incluso para fines y propósitos reñidos e incompatibles, absoluta y definitivamente, tanto para cada singular persona católica en cuanto tal como para su iglesia en general.
Finalmente entonces, por ahora, nuestra Constitución de la Nación Argentina resuelve el problema de la relación entre el Estado y la Iglesia asumiendo una postura confesional derivándose de esto último una consecuencia necesaria tanto y cuanto asegurar y garantizar derechos y garantías constitucionales que implican cuantimenos, respeto al católico, a su marco axiológico, a sus valores identitarios propios, inmanentes, telúricos, vernáculos y autóctonos encarnados de generación en generación de las cuales, esta última, padece una extraña rémora estatal y judicial acentuada al respecto, ignorando y desdeñándose que “la razón puede equivocarse; la conciencia, no” pero, esto último ya corresponde a un expediente personal intransferible de cada uno, de cada cual.
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No pierdo la esperanza que algún dia la Constitución sea corregida y el Estado sea totalmente independiente de toda religion.
El ambito para la religion es el templo y la intimidad de cada creyente y no tiene que tener relación alguna con el Estado, sus ciudadanos y sus actividades.