El Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba se dirigió a los secretarios generales de la AOITA, UTA, SUOEM y Sindicato Luz y Fuerza de Córdoba. Recomendó que tal medida sea prevista y comunicada de inmediato a las autoridades y a los usuarios. Advirtió que acudirá a la Justicia de no acatarse el pedido.
El Defensor del Pueblo de la Provincia, Mario Decara, envió ayer martes una misiva al Secretario General de la AOITA; Miguel Ángel Herrera, de la Unión Tranviaria Automotor (UTA), Alfredo Peñaloza, del SUOME, Rubén Danielle y del Sindicato Luz y Fuerza, Ernesto Montiel, intimándolos a prever un sistema sustentable de guardias mínimas para el próximo jueves 28, tras la decisión de los gremios de adherir al paro nacional.
De esta manera, entiende el Defensor del Pueblo, se evitará o minimizará los daños a los usuarios del servicio público de transporte urbano, interurbanos, de energía eléctrica, así como a ciudadanos que requieran la atención pública municipal. A quienes “se deberá comunicar del sistema de guardias mínimas que se establecerá, de manera clara e inmediata. Caso contrario –expresa Decara- acudiré a la Justicia a través de las acciones que correspondan en defensa de los derechos humanos que pudieran ser afectados”.
Entre los fundamentos de su pedido, aduce como ejemplo “las graves consecuencias para la vida social, laboral, educativa en la ciudad de Córdoba producto de las últimas medidas de fuerza ejercidas en el servicio público de transporte urbano de pasajeros”. Los perjudicados, son más de 600.000, “entre obreros que concurren a sus lugares de trabajo, niños y adolescentes que deben asistir a la escuela, enfermos que requieren asistencia médica, que no podrán asistir o deberán gastar en taxis lo que tenían presupuestado para el transporte de varios días”.
Por otra parte, expresa Decara en su misiva a los gremios: “una doctrina mayoritaria sostiene que el derecho de huelga está reconocido a un sector de la sociedad, y por eso, como todo derecho, tiene sus límites, que son impuestos por la necesidad de proteger el ejercicio de los derechos del resto de la sociedad. Así, aunque el derecho de huelga debe ser protegido ya que está consagrado constitucionalmente, no es absoluto y admite la fijación de límites, es innegable que en esta oportunidad afecta sin duda alguna a las necesidades primarias de la comunidad.
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