En marzo último, el Defensor del Pueblo Mario Decara elevó a la Unicameral un proyecto para que la Provincia se adecue a la normativa nacional. Pidió a los poderes del estado una decisión política e institucional en el tema. A la ciudadanía, “visibilizar la violencia y ejercer un rol activo y comprometido para su eliminación”.
Córdoba aún no adhirió a la Ley Nacional N° 26.485 de “Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”, sancionada en el 2009 y que es modelo en Latinoamérica para el abordaje de la violencia de género.
El Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba, a través del Instituto de Género y Promoción de la Igualdad, presentó el 8 de marzo pasado un Proyecto de Ley con el objeto de contribuir en la adecuación a los principios que establece dicha normativa. La propuesta fue enviada a cada uno de los de los bloques parlamentarios de la Legislatura provincial, así como al Gobernador de la Provincia y al Consejo Provincial de la Mujer.
“Es imperioso que Córdoba adhiera a esta Ley”, reitera Decara, ante los recurrentes casos extremos de violencia hacia las mujeres expresados en femicidios, como en otras manifestaciones presentes en todos los ámbitos pero no visibilizadas en la sociedad.
“Avanzar en modernizar la legislación para abordar este grave problema social es una demanda ineludible. Córdoba debe dejar atrás esquemas obsoletos de intervención con la excusa de una ley que ha quedado desactualizada y que tiene un enfoque dirigido sólo al ámbito familiar (Ley 9283), sin reconocer que el problema es cultural y está presente en toda la sociedad”.
La vigencia de la ley permitirá y obligará a implementar políticas públicas que aborden el tema desde un enfoque de derechos humanos, poniendo el foco en la prevención, con acciones en todos los ámbitos, y la asistencia oportuna y adecuada a las mujeres que transitan la violencia. Y se verá reflejado en multiplicidad de intervenciones, instituciones involucradas y recursos materiales y humanos.
El Defensor del Pueblo entiende que “no es fácil cambiar las costumbres y creencias, pero es necesario hacerlo. Y no debieran sostenerse excusas que impidan remover los obstáculos que hoy están presentes en las respuestas institucionales ante la violencia de género. Es necesario la vocación política y la decisión por comenzar”.
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